Con la privatización encubierta de Crese, los cordobeses estamos asistiendo a la concreción de un pésimo negocio para la ciudad. Pagaremos más por menos servicios, y el Gobierno municipal justifica la decisión sólo desde una concepción ideológica, según la cual lo privado siempre es más conveniente que lo público, aunque la realidad demuestre, por lo menos en este caso, todo lo contrario.
Conozco el funcionamiento de Crese desde el primer día, cuando tuvimos que hacernos cargo de limpiar la ciudad ante el fracaso de las empresas privadas y de la imposibilidad por parte del municipio de afrontar el costo que estas hubieran insumido, de acuerdo a las ofertas presentadas en el fallido llamado a licitación de 2008.
Las propuestas privadas implicaban una erogación mensual de 36 millones de pesos a fines de ese año, mientras que Crese se hizo cargo del servicio a un costo de 14 millones de pesos mensuales, es decir, menos de la mitad.
Los verdaderos números. Conociendo los costos de la empresa y calculando su evolución de acuerdo a los parámetros técnicos que se vienen aplicando en los últimos años, puedo sostener con total seguridad una estimación de los números reales de la empresa en la actualidad.
Con todos los servicios que realiza Crese, el costo mensual es hoy de 40 millones de pesos. Esto incluye los servicios de barrido de calles, recolección de residuos, relleno sanitario, centros verdes, escombrera, residuos patógenos, basurales a cielo abierto y desobstrucción de bocas de tormenta.
Se incluye gasto en sueldos –en todo concepto– de 1.863 empleados, contabilizando el aumento salarial de seis por ciento para marzo; previsión por indemnizaciones; costo de alquiler de maquinarias, camiones y vehículos livianos; alquiler de inmuebles como la base de operaciones –que la va a seguir financiando Crese, porque desde allí van a operar las empresas–; ropa del personal; pago de impuestos, etcétera.
Las dos empresas que se quedan sólo con el servicio de barrido y recolección arrancan con un costo de 37,2 millones de pesos y lo que queda para Crese residual –más de 200 empleados, el enterramiento sanitario, la desobstrucción de bocas de tormentas, los basurales a cielo abierto, la escombrera, los centros verdes, etcétera– va a generar un costo extra de cerca de 12 millones de pesos (no cinco millones, como se está diciendo), lo que suma un total de 49 millones de pesos.
Es decir, nueve millones más que lo que cuesta Crese hoy, con el agravante de que durante 22 meses estas empresas no tienen que hacer previsión por despido, que son aproximadamente unos 25 millones de pesos por año; en 22 meses que dura la tercerización se llega casi a la suma de 50 millones de pesos (el convenio de estos trabajadores así lo establece, ya sea en el marco de una empresa pública o privada, sólo que en este caso el costo será asumido por Crese, por seguir siendo la titular del servicio aunque se tercerice).
¿Y la flota? Un capítulo aparte es cuál va a ser el destino de la flota de Crese, la más moderna del país, con 72 camiones prensa, dos camiones para residuos patógenos y 10 vehículos livianos, que les pertenecen a todos los cordobeses y que es probable que se pongan a disposición de las empresas privadas sin ninguna retribución a cambio.
Sintetizando: durante 22 meses, este cambio de sistema nos va a costar una suma adicional –como mínimo– de 300 millones de pesos. Con esta cifra, se podrían construir, entre otras tantas cosas, miles de viviendas para clase media a un costo de 100 mil pesos cada una.
Durante la década de 1990, que marcó a fuego una matriz de gestión de los servicios públicos caracterizada por su baja calidad, alto costo y fuertes sospechas de corrupción, tanto en el ámbito estatal como empresario y sindical, sus artífices por lo menos justificaron sus decisiones en que los servicios serían mejores y más baratos, cosa que no sucedió, pero que por lo menos sirvió de explicación para una sociedad que rápidamente “compró” el argumento.
Hoy ni siquiera esto se intenta. Se acepta de antemano que el costo de los privados será mayor, no se habla de calidad del servicio y sólo se justifica por el prejuicio según el cual “lo privado siempre es mejor”.
Estoy convencido de que se vuelve a cometer el error de generar una nueva y gigantesca trasferencia de recursos públicos, aportados por el esfuerzo de todos los ciudadanos de esta ciudad, al ámbito privado, justificado sólo desde un capricho ideológico.
